La certificación energética de una vivienda revela, en una escala de la A a la G, su consumo real de energía y sus emisiones, al tiempo que identifica posibles mejoras en su aislamiento y equipamiento. Su utilidad está fuera de toda duda. De hecho, es obligatoria si se va a alquilar o vender una vivienda e imprescindible para acceder a ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia de los hogares, así como para aprovechar deducciones fiscales.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que la certificación no se realiza correctamente en los casos de estudio de su informe. Para empezar, ni se visita la vivienda en muchos casos, y la certificación está basada en un formulario enviado al propietario, que podría rellenar a su conveniencia.
Si bien, lo más preocupante es la falta de rigor en los consejos de mejora de eficiencia para la vivienda. Si bien es cierto que las medidas propuestas van en la misma dirección (mejora del aislamiento de muros y ventanas, instalación de equipos de calefacción y refrigeración más eficientes o la instalación de paneles solares), cerca de la mitad de los profesionales no concretaron detalles, como por ejemplo el tipo de producto o el grosor del material que recomiendan para mejorar el aislamiento, lo que impide al propietario calcular el coste de la reforma.
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