La complejidad normativa en España supone un «freno para las empresas y el crecimiento económico», según el análisis publicado por el Banco de España, donde también hace hincapié en que el entorno institucional en el que operan las empresas juega un «papel clave en el desarrollo económico».
En este sentido, el texto explica que la calidad de las instituciones, en particular del marco regulador, afecta «directamente a la capacidad de crecimiento de un país», como ya señaló la institución en su último informe anual.
«Las normas son necesarias para ordenar la actividad económica y, bien diseñadas, pueden corregir fallos de mercado y fomentar un crecimiento sostenible», sin embargo, cuando la normativa se multiplica sin una planificación adecuada o se vuelve muy compleja (por ejemplo, por su desconexión entre territorios), puede convertirse en un «obstáculo para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas y, también, para la economía».
Desde el Banco de España reconocen que, si bien ciertas normativas -como las medioambientales o ‘verdes’- pueden incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías siempre que estén bien diseñadas, una «normativa excesiva o descoordinada entre administraciones puede generar incertidumbre, disuadir la inversión y reducir el margen de actuación empresarial».
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