Las organizaciones empresariales y profesionales se han dirigido al Ejecutivo Nacional para solicitar que se aprueben incentivos fiscales para que empresas y autónomos puedan implementar los nuevos sistemas de facturación electrónica y Verifactu, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027, sin que esto les genere costos excesivos.
Estas organizaciones alertan que la instauración de los nuevos sistemas de facturación antes del 2027 podría poner en riesgo a 3,3 millones de pymes y a 3,4 millones de autónomos, debido a un posible «colapso» en el proceso de implantación.
En este sentido, se ha solicitado una incorporación de forma gradual y que se aprueben deducciones fiscales, siguiendo el ejemplo de las diputaciones forales vascas. Para ello, han presentado a los grupos parlamentarios una enmienda de adición al real decreto ley aprobado en diciembre, que pospone la obligatoriedad de la factura electrónica y Verifactu hasta principios del año que viene.
Por ello, instan a los grupos parlamentarios a respaldar la enmienda en los términos propuestos y destacan que esta aprobación impactará positivamente en el tejido empresarial, facilitando el cumplimiento del decreto que impulsa la digitalización de procesos administrativos, el intercambio de facturas con clientes y asesores fiscales, y mejorando el control de pagos, lo que a su vez contribuirá a reducir la morosidad
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