El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) destinará 300 millones de euros a actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria y otros 200 millones a la rehabilitación de edificios en el sector terciario, en cumplimiento del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Las comunidades autónomas tendrán un amplio margen de gestión de los fondos, cuyo reparto aprobará la Conferencia Sectorial de Energía.
En ambos programas, las ayudas se otorgarán a fondo perdido y se entregarán cuando el destinario haya justificado en tiempo y forma el cumplimiento de la actuación subvencionable, conforme a los requisitos establecidos por las comunidades autónomas.
En el caso del programa de eficiencia energética destinado a pymes y gran empresa del sector industrial, el acuerdo destina 300 millones a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, con ahorros superiores al 10%, y a la implantación de sistemas de gestión energética.
Por su parte, en el Programa de rehabilitación energética en el sector terciario (PREE terciario) las actuaciones se destinarán a centros administrativos, sanitarios, comerciales, docentes, residenciales públicos, culturales, recreativos, deportivos, de restauración, para el transporte de personas y lugares de culto. Las actuaciones deberán acreditar un ahorro de energía del 20% y se centrarán en la mejora de la envolvente térmica de los edificios; la mejora de la eficiencia o el uso de las energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, climatización de piscinas o redes de distrito; la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación, y en sistemas de automatización y control.
Entre los destinatarios se incluyen personas físicas que realicen actividades económicas y personas jurídicas propietarias de edificios o parte de estos, agrupaciones de propietarios y comunidades de propietarios, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, cooperativas y el resto de las entidades de la economía social.
A diferencia de las ayudas territorializas de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en esta ocasión el Estado será quien apruebe los fondos y establezca las líneas generales de las actuaciones subvencionables y las comunidades se responsabilizarán de publicar las convocatorias respectivas. Por su parte, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) deberá aprobar el presupuesto destinado a estos programas y realizará una labor de coordinación y seguimiento presupuestario y de los resultados energéticos, mientras las comunidades serán las encargadas de la evaluación y la verificación.
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