El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas fiscales en una reunión extraordinaria que incluye ámbitos como la electricidad, los carburantes o la eficiencia energética, y que se extenderán hasta el 30 de junio de 2026, aunque el Gobierno ha incluido una «cláusula de desactivación» en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Entre las medidas planteadas dentro de este plan anticrisis, que en conjunto tiene un coste de 5.000 millones de euros, las relativas a rebajas o suspensiones de impuestos suponen algo más de la mitad de dicho importe, por encima de los 2.500 millones de euros, según han confirmado fuentes gubernamentales.
Si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril es un 15% mayor que el IPC de esos tres componentes en abril de 2025, las medidas seguirán en vigor. Pero, si es más bajo, se desactivan las medidas.
El paquete de medidas incluye una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran. La misma será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.
Otra medida clave es que se establecerá durante 2026 es la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable.
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